Las causas, ambas caratuladas como “Intimidación pública”, se originaron tras la detección de perfiles de Instagram que hacían referencia a posibles ataques armados en establecimientos educativos de la región.

La pesquisa se desarrolló de manera conjunta con áreas de Cibercrimen, que trabajaron en la identificación de los responsables de las cuentas y en la localización de los dispositivos utilizados para realizar las publicaciones.

Uno de los expedientes se inició a partir del seguimiento de la cuenta @tiroteo_sanmiguel. Mediante requerimientos judiciales a la empresa Meta Platforms, los investigadores lograron establecer la titularidad del servicio telefónico asociado y rastrear la geolocalización vinculada con la creación del perfil.

Con esos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de José C. Paz, donde los efectivos secuestraron un teléfono celular presuntamente utilizado para la creación y administración de la cuenta investigada.

Según se informó, el usuario del dispositivo sería un adolescente de 13 años, hijo del titular de la línea telefónica identificada durante la pesquisa. La fiscalía interviniente dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense al menor en el marco de la causa.

En paralelo, otra investigación avanzó sobre la cuenta de Instagram @tiroteo.media10, también vinculada a publicaciones intimidatorias relacionadas con posibles ataques escolares. En este caso, el análisis de datos aportados por Meta y distintas tareas de inteligencia permitieron identificar un domicilio ubicado sobre la calle Brughetti, también en José C. Paz.

Durante el allanamiento realizado en esa vivienda, los investigadores secuestraron otro teléfono celular presuntamente utilizado por una adolescente de 15 años. Además, hallaron un revólver calibre 22 con numeración visible y 40 cartuchos intactos del mismo calibre.

Por este hecho, la Justicia dispuso notificar a la menor en el marco de la investigación por intimidación pública, mientras que el padrastro de la adolescente, un hombre de 45 años identificado como Julio César Sánchez, quedó imputado por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Las investigaciones están a cargo de distintas fiscalías del Departamento Judicial San Martín y forman parte de una estrategia de monitoreo y prevención impulsada por las autoridades provinciales ante el incremento de amenazas difundidas en redes sociales vinculadas con posibles episodios de violencia en escuelas.

Fuentes judiciales indicaron que las pesquisas continúan para determinar el alcance de las publicaciones, posibles vínculos entre los perfiles investigados y si existió una planificación concreta detrás de las amenazas detectadas.